A favor de una estrategia coherente de cobros en la DGI. En contra de aumentos constantes de impuestos.

A esta altura del año se evidencia que Cucalón no tiene la capacidad de cobrar y por lo tanto no llegará al presupuesto asignado para este 2014. A la fecha en que se escribe este editorial, Cucalón incumple en más de 200 millones con el presupuesto de 2014 (vea noticia). Esta situación ya la habíamos previsto meses atrás cuando observamos que Cucalón ni siquiera había podido hacer que el crecimiento de los impuestos igualará el crecimiento del PIB de 2013 (vea noticia).

¿Porqué pasa esto? La respuesta está en la falta de una estrategia coherente de cobros en la DGI. Cucalón, quien por 5 años ha gerenciado esa institución, nunca tuvo una estrategia para cobrar. ¿Porqué entonces cobraba? Lo hacía porque en este país simpre habrá contribuyentes que paguen y por lo tanto subir tarifas tributarias hará que se aumente, en el corto plazo, la recaudación. Esto fue lo que se hizo con 2 moratorias y múltiples aumentos tributarios en los 4 años en los que Cucalón decía ser buen recaudador.

Ese supuesto buen cobrador decía haber hecho 7 mil auditorías (vea noticia). Esta ridícula aseveración contrasta con las sólo 13 auditorías que conoció, vía apelación, el TAT en sus primeros tres años de vigencia (vea noticia), por lo tanto no podemos creer tan absurda cifra.

La falsedad de esos números queda evidenciada además porque la presión tributaria, medida como el porcentaje del PIB que abarcan los impuestos no llega a subir del 12% por más que el gobierno anterior haya hecho 2 moratorias, múltiples aumentos de tarifas (ver leyes que aumentaron impuestos) y un astronómico gasto en un "cobrador" privado.

Para cambiar esta tendencia, el gobierno actual debe destituir a Cucalón y acometer un plan real de cobranzas que evite aumentar tipos impositivos o volver a caer en otra desesperada moratoria.

Este periódico cree que este plan debe empezar con una estrategia definida de auditorías y de fiscalizaciones.

Creemos que las auditorías, deben ser divididas entre las de "grandes" y "pequeños" contribuyentes. Las primeras deben corresponder a los 100 contribuyentes más grandes (en volumen de ingreso bruto) y auditar a los 10 primeros en forma inmediata. Con los 40 segundos se debe, por sorteo, escoger a 10 y del número 51 al 100 deben auditarse otros 10 en forma aleatoria.

A los "pequeños" contribuyentes se les debe auditar, previa depuración de una base de datos para que esta tenga bien definido cuál es el universo de contribuyentes del fisco nacional.

Según lo que este periódico cree no se ha pasado de 200 auditorías por año en el quinquenio en que Cucalón ha estado en ese puesto. Por lo tanto, en el plan que este periódico propone, ese debe ser el número de auditorías que debe tener, en su primer año, esta administración.

Podría creerse que este es un pequeño número y lo es. Sin embargo, no puede pedirse más de una institución desarticulada por la mala gerencia de la última década.

Luego, en el segundo año, ese número podrá pasar a 250, en el tercero a 350, en el cuarto a 400 y en el quinto a 500.

Un escollo inmediato en este plan es que en 2014 Cucalón botó a su jefe de auditoría (vea noticia) y su reemplazo murió al poco tiempo (vea noticia). Adicionalmente, Cucalón ha dejado al departamento de auditoría con un número reducidísimo de auditores que suma, con suerte, 50.

Las segundas, las fiscalizaciones deben abarcar puntos sencillos que giren sobre temas de cumplimiento fiscal básico como pedir informes de precios de transferencia, revisar el cumplimiento con la apertura de libros contables, la expedición de facturas y otros requisitos formales.

Confiamos que las autoridades tengan la sabiduría necesaria para entender que en este país no se necesita subir impuestos y que lo que se necesita es cobrar los que ya están mediante una labor de cobranza que ha estado ausente en el lustro pasado.

(Lea editorial anterior).